Cambio de planes....... No hay ganadores en la subasta de frecuencia de telefonía móvil, la misma va a ser explotada por Arsat a través de una subsidiaria a ser creada.
La subasta de las bandas de frecuencias de telefonía móvil que debió devolver Movistar (del grupo Telefónica) después de la adquisición de Movicom finalmente fue dejada sin efecto por razones de mérito, oportunidad y conveniencia por el gobierno nacional en las últimas horas.
Supuestamente iba a ser adjudicada a alguno de los oferentes que se habían presentado, Telecom, Claro, Nextel, Superfone y Multitrunk, conforme el último anuncio presidencial del 7 de junio del corriente año luego de cinco postergaciones anteriores. Por estas frecuencias de 850 y 1900 MHz para brindar servicios de 3G se esperaban recaudar más de U$S 200 millones. Sin embargo el gobierno basado en un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no convenía otorgar dichas frecuencias a Claro, que era supuestamente el único oferente que había calificado para evitar un proceso de concentración.
De una rápida reflexión llaman la atención varias cuestiones:
i) Que se haya demorado más de cinco años en adoptar esta decisión, que por cierto sigue generando desconfianza en inversores extranjeros que desean realizar una inversión en la Argentina.
ii) Que para que las referidas frecuencias puedan ser explotadas por Arsat por si misma o por medio de un tercero es necesario conformar una red, que todavía no se habría comenzado a construir y demoraría otro tiempo más.
iii) Que esta situación adoptada va a tener seguramente un efecto sobre las cuentas públicas desde el momento que no se van a recibir los montos que se pretendían recibir en la subasta, sino que se van a destinar mayores fondos públicos a los $2090 millones ya destinados a esa empresa durante el año 2011.
iv) Las preocupaciones vinculadas con la competencia en el mercado de las telecomunicaciones expresadas como justificado para el referido actuar, no se condicen con la aprobación de la compra de Telefónica de parte del paquete accionario de Telecom, con la contínua mora en no implementar los mecanismos previstos en el Decreto 764/2000 para permitir una mayor competencia en el mercado (desagregamiento del bucle de abonado, etc.) y con el no llamado a concurso para cubrir los puestos del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia pese a reiterados requerimientos judiciales en tal sentido.
Supuestamente iba a ser adjudicada a alguno de los oferentes que se habían presentado, Telecom, Claro, Nextel, Superfone y Multitrunk, conforme el último anuncio presidencial del 7 de junio del corriente año luego de cinco postergaciones anteriores. Por estas frecuencias de 850 y 1900 MHz para brindar servicios de 3G se esperaban recaudar más de U$S 200 millones. Sin embargo el gobierno basado en un informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, no convenía otorgar dichas frecuencias a Claro, que era supuestamente el único oferente que había calificado para evitar un proceso de concentración.
De una rápida reflexión llaman la atención varias cuestiones:
i) Que se haya demorado más de cinco años en adoptar esta decisión, que por cierto sigue generando desconfianza en inversores extranjeros que desean realizar una inversión en la Argentina.
ii) Que para que las referidas frecuencias puedan ser explotadas por Arsat por si misma o por medio de un tercero es necesario conformar una red, que todavía no se habría comenzado a construir y demoraría otro tiempo más.
iii) Que esta situación adoptada va a tener seguramente un efecto sobre las cuentas públicas desde el momento que no se van a recibir los montos que se pretendían recibir en la subasta, sino que se van a destinar mayores fondos públicos a los $2090 millones ya destinados a esa empresa durante el año 2011.
iv) Las preocupaciones vinculadas con la competencia en el mercado de las telecomunicaciones expresadas como justificado para el referido actuar, no se condicen con la aprobación de la compra de Telefónica de parte del paquete accionario de Telecom, con la contínua mora en no implementar los mecanismos previstos en el Decreto 764/2000 para permitir una mayor competencia en el mercado (desagregamiento del bucle de abonado, etc.) y con el no llamado a concurso para cubrir los puestos del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia pese a reiterados requerimientos judiciales en tal sentido.
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