Ir al contenido principal

Neutralidad de Red no significa declarar la actividad de Internet de banda ancha como servicio público

Bajo la Ley de Telecomunicaciones de 1996 de Estados Unidos el ente regulador (la FCC) tiene facultades para categorizar a los diferentes servicios. Las dos grandes clasificaciones que se le pueden otorgar a los mismos son de servicios de información o de telecomunicaciones, esta última también conocida como la del Título II por su ubicación en la referida ley.

El servicio de Internet de banda ancha fue categorizado en su oportunidad por la FCC como servicios de información y por ende no sujeto a obligaciones regulatorias tan estrictas como las previstas en el Titulo II para los operadores de telecomunicaciones. Ante lo cual la justicia[1] ha considerado que la FCC, que por estar frente a un servicio de información, no contaba con facultades para establecerle obligaciones regulatorias como aquellas vinculadas a la neutralidad de red.

Frente a la manifiesta voluntad del gobierno de EEUU de establecer exigencias a los operadores de Internet de no discriminación de contenidos y servicios a través de la neutralidad de red, es que la FCC se ha visto en la obligación de re categorizar al servicios de Internet de banda ancha como un servicio de telecomunicaciones, y de esta manera poder aplicar a su voluntad el Título II, y saltear la falta de competencia administrativa aducida por los tribunales judiciales para inhibir su potestad para establecer el principio de neutralidad de red.

No debe pasar desapercibido que dicha re categorización del servicio como telecomunicación le otorga habilitación a la FCC para aplicar el Título II, con amplias prohibiciones sobre conductas irrazonables e injustas que se viene aplicando a los proveedores tradicionales de telefonía, y que incluye entre otras cuestiones: tarifas, pautas de calidad de servicio, cobertura y desagregamiento del bucle de abonado. Sin embargo la FCC deberá adaptar la aplicación de las prohibiciones de dicho título a la naturaleza propia del servicio de Internet de banda ancha  limitándose a evitar que existan acuerdos de priorización de tráfico de Internet, bloqueos o entorpecimiento en el acceso a contenidos o aplicaciones que no sean ilegales, proteger la privacidad de los usuarios, rediseñar las obligaciones de servicio universal y de confiabilidad de la red.

Esta iniciativa de la FCC apunta a obtener un fortalecimiento de su legitimidad para regular el uso de banda de ancha, ya que en la actualidad, y por la categorización de servicio de información que le diera a ese servicio en el pasado, no hay ninguna regulación sobre provisión de servicios de Internet. Ante dicha orfandad regulatoria existe un serio riesgo concreto que los prestadores adopten conductas del tipo que se pretenden evitar a través de la regulación de neutralidad de red.  

La regulación del uso de banda de ancha que pretende dictar la FCC no está vinculada con los contenidos que circulan por Internet ni afectará su espíritu innovador que la ha caracterizado, desde sus orígenes, como un espacio sin fronteras y libre de permisos y autorizaciones, sino que apunta a la infraestructura de red (cables, ductos y torres) por donde se desplaza la información.

Podemos concluir sosteniendo que la FCC para dictar obligaciones de neutralidad de red debe contar con la competencia que le otorga el Título II para aplicar prohibiciones más amplias consistentes en evitar el trato discriminatorio a sus usuarios, y que engloba como especie de dichas obligaciones genéricas a la neutralidad de red. Es decir que las obligaciones del Título II aplicables, también conocidas como de common carrier, comprenden a las de neutralidad de red.

Aclarado que las obligaciones de neutralidad de red resultan ser una especie dentro del marco de las obligaciones de common carrier recepcionadas en el Título II de la Ley de Telecomunicaciones, resta distinguir su relación como obligación de servicio público. Si bien la figura del servicio público es completamente ajena al derecho norteamericano, la institución más próxima resulta ser la de las public utilities a las cuales también les resulta aplicable una regulación sectorial estricta. Huelga aclarar que la regulación de neutralidad de red no tiene relación alguna con aquella propia de las public utilities, más cuando varias de las antiguas prestadoras de servicio de telecomunicaciones también eran consideradas como public utilities pese a que pertenecieran al sector privado.

Tal vez por casualidad, pero llama la atención al comparar la reciente regulación sectorial de nuestro país (Ley N° 27.078) con la de los Estados Unidos descubrir que ambos países regulen la neutralidad de red sin que para ello haya sido necesario declarar a la actividad alcanzada de banda ancha como de servicio público. Por más que nuestra ley adopte una declaración al menos curiosa cuando reconoce el carácter de servicio público esencial en competencia al uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios de servicios de TIC (Art.15). Es decir se está refiriendo a las relaciones entre los prestadores para acceder a las redes, es decir a la interconexión, pero no a la relación entre el ciudadano de pie y el prestador de banda ancha. 

       La reciente norma dictada por la FCC de neutralidad de red no abarca en forma genérica la relación entre los prestadores entre sí, sino que pauta que el ente regulador analizará caso por caso cuando a los proveedores de contenidos u operadores de redes que deban conectarse con las redes de los prestadores del servicio de Internet le sean aplicables  prácticas o tarifas injustas o irrazonables.   




[1] Comcast vs FCC (2010) y Verizon vs FCC (2014). 

Comentarios

Entradas populares de este blog

La protección de datos personales y el riesgo de la ciberseguridad en los procesos de auditoría previa (“due diligence”) en las adquisiciones y fusiones de empresas (“M&A").

1.Introducción: En la actual economía digital, donde diferentes tipos de datos han pasado a ser el combustible del funcionamiento de gran cantidad de compañías, es necesario repensar los criterios de valuación para estos datos, más frente a las promesas de las fórmulas de Big Data[1] en cuanto a la obtención de ganancias considerables al involucrar metodologías con suma efectividad para la comercialización de productos y servicios a los clientes.
Ante lo cual cualquier comprador que no encare un adecuado procedimiento de due diligence previo a la adquisición de las compañías, y que necesariamente comprenda el análisis de la situación en que se encuentran los datos, afrontará serios riesgos legales y de negocios. El riesgo asociado a los datos en la compra de paquetes accionarios de compañías tiene un carácter novedoso, tan es así que hace diez años no se preveía.[2]Existe una tendencia cada vez más marcadas en las transacciones de fusiones y adquisiciones a abandonar la consideración d…

Con la sanción de la Ley 27.078 Argentina pasó a formar parte del reducido grupo de países que garantizan la neutralidad de red a través de una norma legal. Sin embargo el ente estatal creado y al cual se le transfiere toda la infraestructura estatal de telecomunicaciones no estaría alcanzado por dicha obligación.

La Ley 27.078, conocida como Argentina Digital, y que ha venido a modificar el marco legal aplicable no sólo a las telecomunicaciones sino a las industrias TICs, ha reconocido con rango legal a la neutralidad de red. 
La ley en cuestión ha merecido significativas críticas, aunque el reconocimiento legal de la neutralidad de red no ha sido objeto de casi ningún cuestionamiento. La efectiva implementación de la neutralidad dependerá del alcance que adopte la reglamentación de la ley a ser dictada por el Poder Ejecutivo o la AFTIC (flamante superente creado por la referida ley). 
El apoyo generalizado al tratamiento otorgado por la cuestionada ley a la neutralidad de red tal vez deba encontrarse en que se trata de una transcripción casi literal del proyecto de ley de neutralidad de red consensuado entre todas las fuerzas políticas en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado luego de un año y medio de estudio y debate. 
Sin embargo existen diferencias entre los mism…

Extensa vacación regulatoria de dudosa legalidad otorgada a los operadores de redes de nueva generación bajo la convergencia de servicios TICs. ¿ Y los usuarios?

El decreto 1340/16, encargado de ultimar los contornos demorados de la convergencia entre los mercados de telecomunicaciones y de comunicaciones audiovisuales, ha dejado muchas cuestiones para el análisis.
El plazo de 15 años de vacación regulatoria otorgado a aquellos prestadores que instalen nuevas redes fijas de última milla de nueva generación respecto al acceso e infraestructura es una de las cuestiones más llamativas y controvertidas al implicar un notorio apartamiento tanto del marco de la legalidad local como de la práctica regulatoria mundial actual.
La vacación regulatoria en materia de redes de telecomunicaciones surge como el privilegio o concesión, otorgado a los dueños de nuevas redes de fibra óptica, consistente en poder explotar dichas redes en forma monopólica, sin permitir el acceso a dicha infraestructura de red de cualquier otro prestador de servicios, contrariando toda la teoría regulatoria que promueve el acceso a las diferentes capas de las redes tendiente a ale…