Ir al contenido principal

La violación de la neutralidad de red puede implicar una afectación superior a nuestros derechos que los casos de vigilancia gubernamental a nuestra actividad en Internet.




En las últimas semanas se han descubierto en los Estados Unidos vergonzosas intromisiones masivas a la privacidad de los ciudadanos en Internet llevadas a cabo por los proveedores de Internet en cumplimiento de órdenes del gobierno. No es la primera vez que la privacidad de los cibernautas está en el tapete de la discusión, recordemos cuando las redes sociales decidieron cambiar unilateralmente en sucesivas oportunidades sus políticas de privacidad afectando los derechos de los usuarios.

Sin dudas que el desmedro de la privacidad es significativo al tratarse de un seguimiento generalizado de lo que cualquier individuo haya realizado en Internet. Para tomar una dimensión de la afectación pongamos como ejemplo, que se tomen todas las búsquedas realizadas en Internet, que sin duda pueden incluir temas delicados como: formas de evadir impuestos,  maneras de tomar alcohol sin tener olor, formas de conquistar personas del mismo sexo, prácticas sexuales que generan más goce, sin dudas generarán algo más que pudor en aquella persona que sepa que han sido rastreadas sus búsquedas sobre esos y otros temas en los cuales pudo haber estado interesado. Me anticipo a advertir en no considerar un fundamento válido para justificar estas afectaciones, sostener lo que algunos dicen en cuanto a que  ¨Como no tengo nada que ocultar, no tengo problema que me controlen mi actividad en Internet.

El seguimiento en el mundo virtual es mucho más sencillo del que se puede realizar en el mundo real, frente al continuo avance tecnológico y la sencilla razón de que todos los usuarios de Internet obligatoriamente tienen que pasar por las puertas obligatorias de acceso que le habilitan los proveedores de Internet y los buscadores en Internet. Ante lo cual el gobierno para controlar los sitios visitados en Internet solamente debe efectuar una supervisión sobre dichos proveedores que actúan en Internet, a diferencia de lo que sucede en el mundo real donde los ciudadanos para realizar sus actividades no tienen que utilizar estas puertas obligatorias.

Si bien la situación vivida en Estados Unidos es sumamente cuestionable debe ser claramente dimensionada en cuanto a dos aspectos cruciales.  En primer término el control efectuado no involucraba al contenido del material visitado en Internet, sino sólo sobre lo que se llama metadata, o datos sobre los datos, es decir por ejemplo en cuanto a la navegación en Internet, la página que se ingresó, el horario, el tiempo de permanencia en los mismos, las búsquedas que se realizaron en los buscadores. Lo mismo en cuanto a los correos electrónicos: es decir la dirección de correo emisora del mensaje, la dirección receptora, el horario y el día, pero no alcanzando al contenido del mensaje enviado. El restante aspecto a considerar es que el control efectuado no afectaba de manera alguna el ejercicio del acceso a Internet, ya que la afectación de las garantías constitucionales de los damnificados estuvo dada por haber un controlador, sin permiso alguno, que verificaba la forma en que se ejercían actividades en Internet pero sin afectar la forma en que se llevaba a cabo. La aclaración efectuada resulta relevante para distinguir dicha afectación de aquella que se presenta cuando se compromete la neutralidad de red.

Nuestro país tiene antecedentes recientes de intentos de restricciones a la privacidad, como cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner se sancionó la ley 25.873 (que modificaba la Ley 19.798 de Telecomunicaciones, obligando a los prestadores de los recursos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a pedido de los jueces o fiscales, así como a registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones para consulta sin cargo por los jueces o fiscales, debiendo conservarla por diez años). Dicha ley fue reglamentada por el decreto 1563/04. La Corte Suprema en el fallo Halabí del año 2009 puso las cosas en su lugar al declarar la inconstitucionalidad del referido régimen jurídico por afectar la intimidad personal.

Desgraciadamente aparecieron otros riesgos para las garantías constitucionales en Internet, como por ejemplo cuando se afecta el derecho humano de acceso a Internet, a través de mecanismos de discriminación de contenidos y aplicaciones, y no brindando una calidad de servicio suficiente para acceder y utilizar Internet de manera libre y sin condicionamiento, impactando sobre la  retroalimentación del ejercicio de derechos humanos conexos y dependientes del  acceso a Internet, como la libertad de expresión y el acceso a la información, la libertad de asociación y derechos políticos, libertad de ejercer industria lícita y la satisfacción del derecho del consumidor. Este nuevo derecho humano de acceso a Internet conforma una nueva dimensión de derechos humanos, propia de una cuarta generación de derechos humanos. La declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuanto a que los derechos humanos deben ser protegidos en Internet con el mismo alcance que en el mundo no virtual, principalmente en referencia al derecho de libertad de expresión y de privacidad reafirma dicha dimensión.

En una debida regulación de la neutralidad de red se debe priorizar la protección del ciudadano en esta nueva dimensión sin  tolerar que los acuerdos de prioridades comerciales de las empresas incumbentes de acceso a  Internet ni los intereses políticos de turno, fijen una hoja de ruta condicionada al derecho a usar libremente la red. Evitando, salvo contadas y expresas excepciones, que se determinen prioridades para el direccionamiento hacia algún contenido, o perjudicar el acceso a otros sitios, más considerando el significativo gasto incurrido por el Poder Ejecutivo Nacional en el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. 

Estos riesgos son cruciales, por no tratarse de un control posterior de  actividades ya realizadas en Internet justificados en criterios de seguridad nacional como resulta en Estados Unidos, sino que se trata de una afectación previa al ejercicio del derecho de acceso a Internet, predeterminando y afectando la elección de los usuarios acerca de las actividades a realizar en Internet, ya sea priorizando el acceso a determinados contenidos sobre otros, o permitiendo hacer correr algunas aplicaciones en Internet en desmedro de otras.

Este nuevo peligro se agiganta frente a la incesante voluntad del gobierno de imponer su discurso único, como lo ha demostrado en la batalla en la aplicación de la Ley de Medios, y que por suerte no resulta aplicable a Internet. Es necesario tomar conciencia de la importancia que resulta para la circulación de la voz en Internet no estar afectado por una especie de censura previa cibernética, que desnaturaliza al derecho humano de cuarta generación de acceso a Internet, a través de novedosos mecanismos propios de los nuevos tiempos.

Frente al patético servicio de telefonía celular que recibimos y que ha llevado al gobierno tomar recientemente mínimas medidas de maquillaje ante las continuas caídas del servicio durante la última década, y agravado porque el acceso a Internet cada vez se traslada más a redes móviles cada vez más atestadas y sin espectro suficiente, es que los proyectos de ley en discusión en el Senado deben extender la obligación de respetar la neutralidad de red a todos los operadores de la red, ya sean fijos o móviles, públicos o privados.

La protección de derechos humanos se asociado, por lo general, a situaciones pasadas de afectación, sin trascender la discusión hacia la imperiosa necesidad de la protección actual que requieren en ámbitos novedosos como Internet. La institucionalidad y las garantías presentan en nuestro país un grado importante de deterioro que no permite descuidar un área tan crítica como es el derecho de la ciudadanía a expresarse e informarse en una Internet libre en los trascendentes tiempos políticos que están por venir.


Comentarios

Entradas populares de este blog

La protección de datos personales y el riesgo de la ciberseguridad en los procesos de auditoría previa (“due diligence”) en las adquisiciones y fusiones de empresas (“M&A").

1.Introducción: En la actual economía digital, donde diferentes tipos de datos han pasado a ser el combustible del funcionamiento de gran cantidad de compañías, es necesario repensar los criterios de valuación para estos datos, más frente a las promesas de las fórmulas de Big Data[1] en cuanto a la obtención de ganancias considerables al involucrar metodologías con suma efectividad para la comercialización de productos y servicios a los clientes.
Ante lo cual cualquier comprador que no encare un adecuado procedimiento de due diligence previo a la adquisición de las compañías, y que necesariamente comprenda el análisis de la situación en que se encuentran los datos, afrontará serios riesgos legales y de negocios. El riesgo asociado a los datos en la compra de paquetes accionarios de compañías tiene un carácter novedoso, tan es así que hace diez años no se preveía.[2]Existe una tendencia cada vez más marcadas en las transacciones de fusiones y adquisiciones a abandonar la consideración d…

Con la sanción de la Ley 27.078 Argentina pasó a formar parte del reducido grupo de países que garantizan la neutralidad de red a través de una norma legal. Sin embargo el ente estatal creado y al cual se le transfiere toda la infraestructura estatal de telecomunicaciones no estaría alcanzado por dicha obligación.

La Ley 27.078, conocida como Argentina Digital, y que ha venido a modificar el marco legal aplicable no sólo a las telecomunicaciones sino a las industrias TICs, ha reconocido con rango legal a la neutralidad de red. 
La ley en cuestión ha merecido significativas críticas, aunque el reconocimiento legal de la neutralidad de red no ha sido objeto de casi ningún cuestionamiento. La efectiva implementación de la neutralidad dependerá del alcance que adopte la reglamentación de la ley a ser dictada por el Poder Ejecutivo o la AFTIC (flamante superente creado por la referida ley). 
El apoyo generalizado al tratamiento otorgado por la cuestionada ley a la neutralidad de red tal vez deba encontrarse en que se trata de una transcripción casi literal del proyecto de ley de neutralidad de red consensuado entre todas las fuerzas políticas en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado luego de un año y medio de estudio y debate. 
Sin embargo existen diferencias entre los mism…

Extensa vacación regulatoria de dudosa legalidad otorgada a los operadores de redes de nueva generación bajo la convergencia de servicios TICs. ¿ Y los usuarios?

El decreto 1340/16, encargado de ultimar los contornos demorados de la convergencia entre los mercados de telecomunicaciones y de comunicaciones audiovisuales, ha dejado muchas cuestiones para el análisis.
El plazo de 15 años de vacación regulatoria otorgado a aquellos prestadores que instalen nuevas redes fijas de última milla de nueva generación respecto al acceso e infraestructura es una de las cuestiones más llamativas y controvertidas al implicar un notorio apartamiento tanto del marco de la legalidad local como de la práctica regulatoria mundial actual.
La vacación regulatoria en materia de redes de telecomunicaciones surge como el privilegio o concesión, otorgado a los dueños de nuevas redes de fibra óptica, consistente en poder explotar dichas redes en forma monopólica, sin permitir el acceso a dicha infraestructura de red de cualquier otro prestador de servicios, contrariando toda la teoría regulatoria que promueve el acceso a las diferentes capas de las redes tendiente a ale…